*Con motivo del pasado Día Internacional de los Pueblos Indígenas el nueve de agosto

POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA

LÁZARO CÁRDENAS, MICH.-La visitaduría regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) subrayó que la tutela efectiva de los derechos de la población indígena compuesta por millones de personas de las cuales más de un 60 por ciento hablan una lengua originaria no se ha consolidado plenamente en el sistema de prácticas sociales, jurídicas y políticas en el país, y en el municipio de Lázaro Cárdenas, a pesar de contar con uno de los mecanismos jurídicos más eficaces contra los fenómenos de discriminación y violencia.

El ombudsman regional, Licenciado Agustín Zapien Ramírez, destacó que la propia dependencia no cuenta con expedientes de queja con que cuenten, con la subsistencia obstáculos como la persistencia de prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas; violencia de género contra niñas, niños y adolescentes indígenas; feminicidios contra mujeres indígenas y resistencia social y comunitaria a la participación política de las mujeres indígenas.

También, en este puerto falta el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y la inobservancia del derecho a la consulta libre, previa e informada, ausencia de empleos bien retribuidos y tolerancia del trabajo infantil y sus peores formas, falta de regulación de las empresas trasnacionales extractoras de recursos naturales (mineras y metalúrgicas), dificultad en el acceso a la justicia de las personas indígenas, incluida la problemática de personas indígenas en reclusión.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, las personas entrevistadas consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente; y se estima que los derechos de esa población son poco o nada respetados, mientras que el de las personas indígenas declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación, como rechazo o exclusión de actividades sociales, le hicieron sentir o miraron de manera incómoda, recibió insultos, burlas o le dijeron cosas que le molestaran, recibió amenazas, empujones o jaloneos o le obligaron a salir de una comunidad.

Algunos de los hechos violatorios de derechos humanos de personas y comunidades indígenas más frecuentes en el periodo 2015 a julio de 2018, incluyendo a personas jornaleras indígenas, son, entre otros: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas indígenas; prestar indebidamente el servicio público; trato cruel, inhumano y degradante; acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad; detención arbitraria; omitir proporcionar atención médica; omitir proporcionar intérprete o traductor si no habla el idioma, y omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho.

En el mismo periodo los derechos más vulnerados son: a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, de petición, a la igualdad, a la libertad y a la legalidad la Comisión Estatal de los Derechos Humanos expresó su convicción de impulsar aún más la cultura de respeto y observancia de los derechos fundamentales para prevenir la discriminación y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, lo que es parte de la estrategia para que transiten de una situación de vulnerabilidad a una en que sean sujetos plenos de Derecho.

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