El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que tres magistrados del Poder Judicial en México descongelaron las cuentas bancarias de Lynda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, que ayer fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el tráfico de drogas.

“Hoy deberían de pronunciarse los ministros de la Corte, cuando menos, los consejeros de la Judicatura sobre este asunto. Ojalá y den una conferencia de prensa o cuando menos saquen un boletín. (…) ¿Qué no es un agravio al Poder Judicial que el mismo día que están enjuiciando, declarando culpable a García Luna aquí se esté resolviendo descongelar sus cuentas? Se tienen que pronunciar”, expresó.

 

 

Reiteró que el Poder Judicial del país requiere una reforma profunda para desterrar la corrupción definitivamente.

“Jueces, magistrados, ministros y no dejar eso en el olvido, hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo afirmó que el Gobierno de la Cuarta Transformación trabaja para revertir el proceso de degradación que propició el periodo neoliberal en todas las áreas de la vida pública del país.

“¿Cómo se enfrenta? Arrancando de raíz el régimen. (…) Se está llevando a cabo una transformación y desmontando un régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios que tenía su prensa, como tenía sus intelectuales. Ese es el fenómeno, esa es una transformación porque le hacía falta al país”, expresó.

Sostuvo que el fallo del jurado en el juicio de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, es una muestra de la decadencia generada en gobiernos anteriores.

“Lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos, la no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos; el que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción”, enfatizó.

Llamó a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada a explicar los vínculos con la delincuencia organizada y de cuello blanco que se han hecho públicos en las últimas semanas.

El presidente confió en que la difusión del caso ayudará a la población a cuestionar y reflexionar respecto a la actuación de servidores públicos de las administraciones anteriores.