El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados respalda la determinación de la dirigencia nacional de interponer una denuncia contra la operación sistemática e inconstitucional de los llamados “Servidores de la Nación” y se congratula por que el INE la admitió a estudio y dictó medidas cautelares.
La estructura de coordinación de este novedoso cuerpo de la burocracia federal, cuyo vértice se encuentra en la oficina del titular del Ejecutivo, carece en gran parte de un fundamento legal para existir y gastar su costosa nómina, calculada en tres mil 240 millones de pesos anuales.
Además, se sobrepone a las facultades de las Secretarías de Estado y otras dependencias, que son las responsables legales de ejecutar los programas sociales, de acuerdo a la competencia que les atribuye la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la vez que margina a los gobiernos estatales y municipales de esta labor.
Los llamados “Servidores de la Nación” llevan a cabo una campaña sistemática de promoción personalizada del Presidente de la República y de los Coordinadores Estatales y Regionales de Programas para el Desarrollo, quienes en el futuro habrán de ser los candidatos del partido Morena a gobernadores, diputados locales y federales, y presidentes municipales.
La irregular campaña viola flagrantemente lo que dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos, pero además se constituye en un uso indebido del dinero público, pues tal promoción se realiza con base en la distribución de las tarjetas bancarias y órdenes de pago a los beneficiarios de los programas sociales.
Los programas sociales considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y que se manejan a través de los “Servidores de la Nación”, alcanza la cifra de más de 220 mil millones de pesos, dinero que se utiliza para exaltar inconstitucionalmente al Presidente y posicionar en la opinión pública a los futuros candidatos.
Inconformes con las anomalías en que está incurriendo el gobierno federal y buscando preservar la garantía del voto y la equidad de la contienda electoral, los diputados federales del PRD presentaron en junio, a través de las diputadas Azucena Rodríguez y Verónica Juárez, una iniciativa de reforma constitucional que propone establecer la inelegibilidad de los “súper delegados” y sus coordinadores regionales para ser candidatos a cualquier cargo de elección popular.
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados se congratula por las medidas cautelares que acordó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante las que ordena la suspensión inmediata de los actos de promoción personalizada que realizan los “Servidores de la Nación”, a la vez que se mantendrá vigilante para que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias.
