*Intercedió el Líder Estatal de la CNTE por los normalistas de Michoacán, generaciones 2019 y 2020
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA / Redacción
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- En una mesa de trabajo donde estuvo el Gobierno Federal por la SEP, el contador Francisco Cartas de USICAMM, de Michoacán, Héctor Ayala, titular de la SEE en Michoacán e Hiram de USICAMM Michoacán y representantes de las generaciones 19 y 20 de las normales públicas del Estado, acompañados y asesorados por el Profesor, Gamaliel Guzmán Cruz como representación de la CNTE Michoacán
“A las maestras, a los maestros michoacanos, y a la sociedad michoacana en general, desde hace muchos meses, años ya, les he compartido la historia del problema magisterial en Michoacán, un problema muy añejo, que hemos arrastrado desde hace 30 años.
El problema inicia en 1992, en ese año el Gobierno Federal firmó un convenio con todos los estados del país, denominado Programa para la Modernización Educativa, que en los hechos se convirtió en una acuerdo para descentralizar la educación básica y normal hacia los estados, es decir, a partir de ese momento, se les delegaba o se les delegó toda la responsabilidad a las entidades federativas del sistema educativo.
Para el caso de Michoacán, el gobierno federal acordó que ellos se harían cargo, y así quedó establecido en el convenio, del 91 por ciento del gasto que se requería para los servicios educativos del estado, y Michoacán se haría cargo del 9 por ciento restante. A partir de esa fecha, se agudizaron los conflictos porque el gobierno de la República de ese momento no cumplió con el porcentaje que le correspondía y que se había establecido en el propio convenio.
Al mismo tiempo, se agudizaron los conflictos entre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (EL SNTE), y su disidencia, conocida como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (LA CNTE).
Ante esta circunstancia, el gobierno en turno, me refiero al Gobierno de Michoacán, empezó a ceder ante la presión y las demandas estatales y empezaron a crearse plazas y a firmarse minutas con fuertes compromisos de gasto, peticiones, gestiones, sin que el gobierno del estado tuviera la fuente de financiamiento, es decir, dinero para cumplirlas, es decir, sin tener para respaldar y cumplir los compromisos contraídos con este sector del magisterio de Michoacán.
Hasta antes del año, 1992, todas las maestras y los maestros tenían plaza federal, las pagaba el gobierno federal en su conjunto, no había una sola plaza estatal. A partir de la firma de ese convenio inicia el desorden y empieza a crecer de manera exponencial el número de plazas a cargo del Estado sin tener el recurso para crearlas y en consecuencia para pagarlas.
Quienes cedieron a toda esta presión y a todos estos acuerdos tienen nombre y apellido.
Para el año 2000, el porcentaje acordado inicialmente se había modificado, y el gobierno federal ya sólo aportaba ya el 82 por ciento del convenio, de lo que significa el convenio mientras que el estado ya le tocaba aportar más del 18 por ciento o el 18 por ciento restante.
Para el año 2003, el gobierno del presidente Vicente Fox y la líder sindical Elba Esther Gordillo, lanzaron una nueva iniciativa conocida como acuerdo social para la calidad educativa, que contemplaba, en el papel, muchos beneficios para la educación, incluyendo la participación de otros sectores como la iniciativa privada para el mejoramiento de escuelas y una serie de programas vinculados o que buscaban mejorar la educación del país.
Por diferencias que después se conocieron, entre el presidente y la líder sindical, este acuerdo nunca se cristalizó, nunca se llevó a la práctica, de tal manera que todo permaneció igual, pero mientras eso pasaba el cargo financiero o el incremento de la carga financiera para la creación de plazas estatales seguía en aumento, todo ello, soportado entre comillas porque no se tenía el dinero con cargo al gobierno del estado.
En el año 2007, el gobierno que encabezaba el presidente Felipe Calderón y otra vez la líder sindical Elba Esther Gordillo lanzaron una nueva iniciativa, un nuevo acuerdo, conocido este como el Acuerdo por la Calidad Educativa, la llamada ACE o la Alianza por la Calidad Educativa. Este acuerdo lo firmaron todos los Estados, señoras y señores, excepto Michoacán.
¿Por qué no firmó Michoacán este nuevo acuerdo con el gobierno federal y el sindicato nacional? Por las presiones que ejerció la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Habrá que recordar que la CNTE era la disidencia del SNTE y ese momento, como lo han hecho durante mucho tiempo, con la excepción de ahora, rechazaban su relación con el gobierno federal y también el rechazo y desconocimiento de que la líder Elva Esther Gordillo los representaba a ellos, entonces el conflicto se agudizó.
En este momento, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, se solidarizó con la CNTE y no firmó el convenio, en consecuencia, todo el peso lo asumió, todo el peso financiero, entre plazas y demandas muchas ya conocidas, bonos, programas, etcétera, etcétera todo que quedó a cargo del gobierno de Michoacán porque el gobierno federal ya no mando dinero y no quiso reconocer ninguna de las plazas estatales.
Eso implicó que Michoacán, a partir de entonces no recibió recursos para poder pagar plazas o para ampliar y fortalecer la educación básica en general, y aunado a ello, se acordó que la plazas de las normales, es decir, los que egresarán de las normales se les entregaría una plaza en automático, tendrían garantizada una plaza al culminar sus estudios.
Todo esto se fue acumulando. Como resultado, a partir de este momento, el cargo al gobierno del estado se disparó o el costo para el gobierno del estado se disparó en gastos diversos, en concesiones al magisterio, la mayoría de ellos al margen de la ley, y el número de plazas se desbordó.
Para que tengamos una idea más clara del tamaño del problema, sólo del 2007 al 2014, el número de plazas estatales creció de manera exponencial hasta alcanzar el número de 35 mil plazas con cargo a estado. Repito nuevamente: todo esto sin tener dinero, sin tener una fuente de financiamiento para su pago, en palabras simples, sin tener el dinero para pagarles.
Esto acordado, entre gobierno del estado y los maestros de la Coordinadora o maestros estatales. Como consecuencia, además de todo esto, a partir del año 2009 y hasta el 2015, el gobierno del estado por problemas financieros dejó de pagar todos los pendientes o compromisos con terceros institucionales y no institucionales, es decir, dejaron de pagar al ISSSTE, IMSS, no pagaron el impuesto sobre la renta, no pagaron a las aseguradoras, entre otros pendientes de pago. Por eso, desde el año 2009 venimos arrastrando deudas patronales y de todo tipo.
En el año 2014 se reformaron la constitución y leyes relacionadas con la educación que pretendían reordenar el sistema educativo nacional. Para ello, se les pidió a los estados una revisión, un cruce entre maestros y maestras que cobraban y que además estaban con responsabilidad frente a grupo, es decir, tenían su centro de trabajo debidamente identificado y estaban identificados en la nómina y también dónde daban sus servicios a la educación.
En ese momento, el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero firmó el nuevo acuerdo sin hacer esta revisión, empate y regularización de la información. Y con esto, dejaron fuera a más de 16 mil maestras y maestros, es decir, quedaron en el limbo, ni reconocidos por el gobierno federal, ni reconocidos por el gobierno del estado.
En ese momento el gobierno del estado, encabezado por Salvador Jara, tenía todas las condiciones para haber regularizado todo, poner en orden, incluyendo dejar con certidumbre el pago de maestras y maestros, pero por omisión o descuido o desconocimiento o conveniencia no lo hicieron. Muchos otros estados con los mismos problemas lo hicieron y resolvieron de fondo está situación. El ejemplo más conocido es Oaxaca, que se pudo haber hecho en Michoacán y no se hizo.
Hago un paréntesis aquí muy importante. No fue hasta el inicio del gobierno que hoy encabeza Silvano Aureoles, que hizo este ejercicio de revisión, se ordenó y regularizo, a más de 16 mil maestras y maestros y estos maestros fueron reconocidos y dejaron de estar, literalmente, fuera del sistema educativo, volando, es decir, se hubieran quedado en una indefensión total, se hubieran quedado sin plaza y en consecuencia sin su empleo y su pago.
¿Cómo se venía resolviendo el problema de la falta de dinero para pagar entonces ante el déficit que viene arrastrando el estado desde hace muchos años?
Por un lado se hacían gestiones o se han hecho gestiones ante el gobierno federal, que dependiendo de la circunstancias, enviaba cada año dinero a Michoacán una cantidad entre 4 mil, 5 mil 500 millones de pesos adicionales; cosa que sucedía siempre, porque dependía de la circunstancia y del estado de ánimo del presidente en turno o de los funcionarios en turno. Todo ello, como resultado es que el estado de Michoacán tuvo que sacrificar muchas cosas o ha sacrificado muchas cosas porque al arrastrar un déficit histórico de más de 5 mil 500 millones de pesos solo para pagar la nómina magisterial se tuvo que echar mano de todo, sacrificando todos los recursos para infraestructura, para inversión productiva y otras necesidades de carácter social apremiantes.”