*Este viernes en asamblea masiva se define la ruta de acciones para la semana próxima en demanda del pago de sus salarios y bonos
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA / Redacción
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- A casi ocho días de retraso de pago a más de 32 mil profesores en el estado Michoacán, mismos que desde el viernes 30 de agosto realizan, actos de protesta en las 22 regiones sindicales de la entidad para exigir que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo les pague salarios y prestaciones rezagadas que suman un adeudo de 3 mil 500 millones de pesos.
Según la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Edgar Catalino Saucedo Franco, en la región de Lázaro Cárdenas, expresó que la administración perredista apenas les ofreció pagar la segunda quincena de julio el próximo 12 de agosto, por lo que no hay congruencia, porque no creemos en que la quincena 14 y a tres día está la 15, además de bonos y prima vacacional, por lo que han definido continuar con los actos de protesta, como la toma de oficinas municipales y el bloqueo de accesos carreteros a la capital del estado y al aeropuerto internacional Francisco J. Múgica.
El conflicto no afecta únicamente a los docentes, pues desde principios del mes pasado se han atrasado las quincenas en el sector salud, a los trabajadores del Poder Ejecutivo local e incluso a la policía. Tampoco es un hecho inédito: a partir de enero de 2019 se han registrado oleadas de inconformidad del magisterio michoacano debido a la retención de pagos de bonos y primas vacacionales, en el transcurso de las cuales se han bloqueado vías de comunicación e incluso tramos ferroviarios, con lo que se puso en jaque el transporte de mercancías en esa zona del país.
Estos episodios, que se repitieron a inicios y a finales de 2020, sólo pudieron destrabarse gracias a la intervención del gobierno federal que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, entabló un diálogo con los maestros y logró que fueran satisfechas sus demandas.
Al persistir en esta manera de actuar –retener los pagos al sector educativo y dejar que sean las autoridades federales las que resuelvan un tema de competencia estatal– el gobernador Aureoles parece haber renunciado, incluso aparentar que cumple con sus obligaciones; mientras Michoacán se encuentra paralizado, él realiza una gira proselitista por Estados Unidos.
Como ha señalado el líder de la CNTE en la entidad, todo indica que el último mandatario del PRD busca heredar a su sucesor los adeudos y el malestar social producido por éstos, además de exhibir la superlativa irresponsabilidad de Aureoles como gobernante, el desarrollo de los acontecimientos obliga a preguntarse por el destino del dinero que la Federación le ha entregado puntualmente para el ejercicio de sus funciones.
A la vista del boquete en las finanzas michoacanas –que sólo en educación básica, según cifras oficiales, alcanza los 6 mil millones de pesos–, resulta claro que el conflicto en curso significa no sólo una injusticia laboral inaceptable y una razón objetiva para el desasosiego social y político, sino también un posible manejo delictivo del presupuesto.
Resulta paradójico que el político perredista, empeñado desde hace meses, en acusar al gobierno federal y a sus opositores locales de estar coludidos con la delincuencia, de a los ciudadanos todos los motivos para pensar que está perpetrando una defraudación masiva con el erario, lo cierto es que no tiene ningún pretexto para retener pagos a los trabajadores del sector público, por lo que es inevitable sospechar la comisión de prácticas corruptas, la intención de boicotear a la administración que lo sucederá en menos de dos meses o una combinación de ambas.
El insultante ofrecimiento de pagar con 12 días de retraso el salario de los trabajadores de la educación en Michoacán, contrastan con la incertidumbre económica que viven más de 32 mil familias, la reiterada falta de pago de este gobierno, lo hace uno de los peores evaluados por el pueblo Michoacano, organismo nacionales e internacionales, el actual déficit económico y falta de capacidad para solucionarlo es consecuencia del desinterés y apatía de legisladores y del que aún es responsable del gobierno estatal. “Los trabajadores de la educación demandamos a los responsables de las finanzas del estado, de la secretaria de educación, de la secretaria de gobierno y al jefe del ejecutivo estatal cumplan con su función. Cómo trabajadores y contribuyentes exigimos un trabajo eficiente que para eso pagamos con nuestros impuestos un sueldo que no justifican”.