*El parque Logístico e Industrial que anuncia Alfredo Ramírez Bedolla, no debe pasar por encima del derecho agrario de campesinos de tres ejidos
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA / Redacción
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- Posesionarios de la Isla de la Palma pertenecientes al Ejido Santiago Zacatula, tras conocer que el Gobierno del Estado de Michoacán sin tener un impacto ambiental que responda a la intención por parte de los organismo denominado secretaría de economía de Michoacán que anuncia un Parque Logístico e Industrial en Michoacán en el municipio de Lázaro Cárdenas con una superficie de 440 hectáreas, tierras pertenecientes a tres ejidos.
Con este proyecto se busca ser un detonante del desarrollo industrial y económico del Estado, actualmente no se cuenta con autorización por parte de la secretaría de recursos naturales y medio ambiente del gobierno del estado, oficio con fecha del 4 de marzo 2006, para las obras de urbanización del predio, las cuales contemplaron la introducción de la red hidráulica, agua potable pluvial y sanitaria, así como la red de vialidad, la elaboración del presente anuncio de desaparecer la Isla de Palma se llevará a cabo o a base de la ley Agraria, la ley General de equilibrio ecológico y protección del ambiente y su reglamento en materia de impacto ambiental tomando como modelo no listado en la guía
Posesionarios de la Isla de La Palma, queremos platicar, no el ejido y menos la nueva mesa directiva ejidal… porque El Ejido quiere hacer las cosas por debajo de la mesa a su conveniencia, pues que el gobierno voltee a ver y de solución al problema que tienen con los posesionarios de la Isla de la Palma, tienen un problema no con el Ejido Santiago Zacatula perteneciente al Municipio de La Unión de Montes de Oca del Estado de Guerrero, sino más bien con los Ejidatarios y posesionarios de la Isla de la Palma hay un juicio agrario que no se ha resuelto y hay amparos que el gobierno está atropellando y muchas más cosas…
El Doctor Ricardo Toledo, dijo que aún está el juicio agrario ante el tribunal 52 en Zihuatanejo Guerrero, hay mucha corrupción e impunidad; supuestamente es el enemigo a vencer en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; pues bien el buen «juez» por su casa empieza… en el 2007 se pagaron cantidades millonarias a personas del mismo gobierno que aún están trabajando ahí; simulando un pago a los ejidatarios; y hay pruebas contundentes de esos pagos… la pregunta para el Gobernador: ¿Investigará Sr. Gobernador esos pagos a sus mismos empleados?; o será que también se va hacer de la «vista gorda».
Con el anuncio reciente de desaparecer La Isla de la Palma, y convertirla en un Parque Logístico e Industrial, la representación del sector productivo del Puerto coincide en señalar que no se dará un crecimiento económico de forma inmediata ni una inversión cuantiosa a corto tiempo, si se continúa con los problemas de expropiación de tierras.
“Posiblemente cuando nos llegue el beneficio será hasta que ya esté consolidada la infraestructura”, por lo que confiaron que hasta que se resuelva el conflicto de Isla La Palma “se darán los avances de manera sustancial”, los ejidatarios y posesionarios, de Las Guacamayas, Zacatula y ejidatarios de Melchor Ocampo argumentan los actos de ilegalidad por parte de la LXXV legislatura del Congreso michoacano, el cual presuntamente debe pagar a los campesinos del ejido de Zacatula por la desincorporación de Isla La Palma, de tal suerte que piden nulidad de dicha acción ante los tribunales agrarios.
Se tiene como representante legal de afectados de Isla la Palma, al Licenciado Ulises Leñero García, por las 440 hectáreas que son bienes nacionales, bajo eso se hizo una solicitud a la reforma agraria, donde los ejidatarios de Santiago Zacatula piden el pago del excedente de las tierras.
Los ejidatarios de Las Guacamayas están considerando las utilidades de 20% de lo que generen las tierras y de los árboles de casi 170 hectáreas y los de Melchor Ocampo, también los pagos de los bienes distintos a la tierra.
“El conflicto social desatado por Isla La Palma no contribuye al desarrollo de esta zona sino más bien lo viene a obstaculizar”, reconoció el abogado tras insistir que los ejidatarios están en su derecho y tienen que recurrir a las esferas judiciales para que se les haga justicia y se les pague o se les respete sus terrenos.
SE SABE QUE LOS TERRENOS CUENTAN CON UNA HISTORIA COMPLEJA
Los posesionarios de la isla fueron despojados por medio de una asamblea que, los propios comuneros calificaron de ilegal, realizada por el entonces comisariado ejidal, Alfonso Toledo, quien vendió los predios en diciembre de 2007 al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.
Gilberto Galeana Calderón, representante de los posesionarios de La Palma, destacó que el litigio entre los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión de Montes de Oca, Guerrero, por la isla, en el ejido de Santiago Zacatula se ventiló bajo el número de expediente 305/2009 y se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Acapulco, Guerrero, el cual resolvió a favor de los campesinos.
La Isla La Palma se encuentra en el ejido de Santiago Zacatula, municipio de la Unión Guerrero. El decreto expropiatorio de las 440 hectáreas en Isla La Palma, lo hizo la Federación en el estado de Guerrero en 1982. Fue llevado al Congreso de ese estado porque desde 1907 no ha habido ninguna modificación por decreto que delimite al estado de Guerrero con Michoacán.
Fue expropiada por el gobierno federal en 1982 a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para la construcción de un puerto industrial en Lázaro Cárdenas. No obstante de acuerdo con el decreto de expropiación, no se cumplió con el objetivo, de hacer uso de las tierras dentro de los cinco primeros años, por lo que las tierras regresaron al Fideicomiso del Fondo de Fomento Ejidal, mismo que en 2000 le entregó las tierras al gobierno de Michoacán.
“Acción ilegal porque dicho fideicomiso no puede hacer entrega de algo que no es de ellos, ya que las tierras le pertenecen al Ejido de Santiago Zacatula, y si Michoacán no hizo nada en esos cinco años que les dio el decreto de expropiación, las tierras regresan a sus dueños”, sostuvo Galeana Calderón.
En el sexenio del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, pagaron al comisariado ejidal, Alfonso Toledo, parte de la citada isla, quien al parecer no lo reportó a todos los afectados, dejando sin su respectivo cobro más de cien posesionarios, que se sumaron a “Campesinos Unidos de Santiago Zacatula” por lo que se creó un conflicto que ha crecido y no ha culminado.
La Federación donó a Michoacán durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel las tierras de la isla y luego el gobernador Silvano Aureoles Conejo las donó a la Federación, en ambos casos el propósito sería crear infraestructura para la instalación de empresas.
Cabe recordar que hay un decreto del 3 de junio de 2010 donde se extendieron 217 hectáreas más a las autorizadas por los legisladores las cuales presuntamente pertenecen al estado guerrerense. Por lo cual el consejo ejidal tomó la determinación de pedir un juicio de nulidad de esa aprobación hecha por el Congreso michoacano para desincorporar los predios en la isla, que serían otorgados en ese entonces a la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México y donde se construye un parque industrial.
Según los afectados hay un contrato donde Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, vendió a la ferroviaria KCSM 184 hectáreas cuyo valor comercial fue en su momento por más de 4,000 millones de dólares por 23 millones de dólares los cuales -se dijo- utilizaría para urbanización del área.
Antes, en noviembre de 2006, la Legislatura local donó 183.6 hectáreas, por lo que con el nuevo decreto el sector empresarial se apropió de la totalidad del terreno, el cual alcanza las 628.4 hectáreas.
El objetivo fue utilizar esos terrenos para construir el llamado Recinto Fiscalizado Estratégico, uno de los proyectos más ambiciosos para el Puerto Lázaro Cárdenas. El lugar contará, entre otros espacios, con un parque industrial y la nueva sede de KCS, la empresa estadounidense de capital de Canadá que tiene el manejo, vía concesión, de la mayor parte de la red ferroviaria en el centro de México.
Según los datos, el gobierno de Michoacán con Leonel Godoy Rangel vendió a 20 pesos el metro cuadrado de hectárea, “lo cual era una injusticia para los campesinos porque las 217 hectáreas de Guerrero no estaban pagadas en su totalidad a sus reales dueños.
Sin embargo, luego de que el gobierno michoacano y Kansas City anunciaron la firma de un convenio, varias voces se alzaron para exigir ser parte de esta repartición, que concluyó con una repartición sesgada. Y es que el gobierno dio por hecho la enajenación de 600 hectáreas de la isla para que se entregaran al fideicomiso 2112.
Sobre una parte de Isla de La Palma están hechos trabajos de industrialización no concluidos, donde existe un Distrito Industrial Marítimo que suministra toda el agua cruda que demanda la industria local, especialmente la siderúrgica.
Por la isla cruzan torres de alta tensión, carreteras y vías de ferrocarril. Mientras en otra parte, había parcelas cultivadas con un sistema de riego creado por los trabajadores del campo que estuvieron cultivando la tierra por aproximadamente 20 años.
LÍNEA DEL TIEMPO
1907
No ha habido ninguna modificación por decreto que delimite al estado de Guerrero con Michoacán.
1982
La Federación expropia 440 hectáreas al estado de Guerrero por Isla La Palma
1987
Tras pasar cinco años sin utilizar las tierras para lo que fueron expropiadas, los posesionarios regresan a sus cultivos.
2000
Las tierras regresan al Fideicomiso del Fondo de Fomento Ejidal, el cual en el año 2000 entregó las tierras al gobierno de Michoacán.
2006
La Legislatura local donó 183.6 hectáreas, con el nuevo decreto el sector empresarial asume la totalidad del terreno, de más de 600 hectáreas, para construir un Recinto Fiscalizado Estratégico.
19 de diciembre del 2008
Desalojan de la Isla a los posesionarios; en ese momento inician los litigios por la posesión de Isla La Palma.
3 de junio de 2010
En decreto se extienden 217 hectáreas más a las autorizadas por los legisladores las cuales presuntamente pertenecen a Guerrero. Por lo cual el consejo ejidal de Zacatula, Guerrero, pidió un juicio de nulidad.
2013
Los litigios llevan a nueva medición de la Isla en conjunto con el gobierno de Michoacán, el cual arroja 86 parcelas
Junio 2019
Se ampara Apilac contra resolución de magistrada del tribunal agrario 52, para que surtan efecto medidas cautelares a favor de ejidatarios.
No se pueden adelantar vísperas, pero estamos muy interesados en que esto se solucione para darle certidumbre a la inversión que llegue al puerto