*ArcelorMittal México hace un llamado a mineros a levantar huelga; señala que es ilegal, insiste.
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA / Redacción
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- El personal en huelga, en su mayoría afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares (SNTMSSRM), de la Sección 271 asegura que la empresa está incumpliendo con el contrato colectivo, pues en 2023 recibieron pagos por reparto de utilidades por 115.000 pesos (US$6.760) y ahora pretende pagarles solo 11 mil pesos a uno y a otros 70.000 pesos, los obreros exigen lo que por ley les corresponde el 10 por ciento o pago de 90 días.
ArcelorMittal México, exhortó a los trabajadores que forman parte de las acciones del llamado paro laboral a que regresen a desempeñar sus actividades con normalidad, para evitar poner en riesgo la sana convivencia laboral, las instalaciones y la interrupción de las operaciones habituales.
Así mismo, la empresa garantizó que “siempre estarán abiertas las mesas de diálogo conforme a la normatividad legal aplicable, para poder solucionar cualquier inconformidad legítima que pudiera haber” aseguró que hasta el momento ha intentado mantener la normalidad de los servicios y actividades hasta donde ha sido posible. No obstante, advirtió que, de extenderse el paro, todo servicio que no sea indispensable para garantizar la seguridad e integridad del personal e instalaciones será suspendido.
La empresa Siderúrgica Arcelor Mittal, con sede en el puerto Lázaro Cárdenas, insistió en que la huelga de los trabajadores de la Sección 271 del Sindicato Nacional Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, es ilegal porque “existe hoy un paro de labores anticipado y violatorio del procedimiento de huelga”.
En un comunicado de prensa, la empresa sostiene que el juez decidió archivar el expediente “lo que ratifica que el paro de actividades que hoy persiste en nuestro centro de trabajo es contrario a la ley”, por lo que pide a la dirigencia sindical y a los trabajadores paristas que rectifiquen su postura y regresen de manera inmediata a realizar sus labores “sin perjuicio de mantener los canales de comunicación y acercamiento que nos permitan seguir explorando alternativas de solución”.
El documento indica que de continuar con las condiciones de hecho y no de derecho, que enfrenta la acerera, se seguirán produciendo severas consecuencias en perjuicio de todos, porque “se está recurriendo a la fuerza y la violencia para exigir un pago al que no se tiene derecho, que carece de sustento legal o contractual y al margen de las vías y procedimientos previstos por la ley.
“Se están configurando violaciones e incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo; se están causando serias y cuantiosas afectaciones operativas, económicas y reputacionales contra nuestra empresa; se vulneran los derechos e ingresos salariales de los trabajadores que no están de acuerdo con las acciones emprendidas, y se está comprometiendo la subsistencia y viabilidad futura de nuestra empresa”.
La directiva de Arcelor Mittal advirtió que, de persistir estas conductas ilegales, “la empresa se reserva el derecho de emprender las acciones individuales y/o colectivas que en derecho procedan y que estime pertinentes a efecto de defender el estado de derecho, solicitar que se apliquen las consecuencias y sanciones de ley correspondientes, así como reclamar las indemnizaciones y medidas de reparación integral a que tiene derecho”.
La siderúrgica hizo un llamado a la cordura y el entendimiento para evitar que este conflicto siga escalando, “la empresa es la fuente de trabajo y sustento de miles de familias y debemos trabajar en conjunto para continuar con las operaciones normales a la brevedad”.
El comunicado señala que este 8 de junio, ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la ciudad de México, acudieron ante la autoridad judicial para realizar un nuevo esfuerzo de conciliación que resultó infructuoso. “En el ánimo de conciliar, la empresa incluso ya había puesto anteriormente sobre la mesa una propuesta conciliatoria, para mantener la equidad entre la mina y la acería además de un bono adicional, mismo que fue rechazado”.