*A principios de junio mineros de la siderúrgica AcerlorMittal México, ubicada en Michoacán, emprendieron un movimiento de huelga que la empresa asegura que es ilegal.
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA / Redacción
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- La noche de este sábado 29 de junio un juez federal con sede en Ciudad de México sobreseyó (desechó) el juicio de amparo que promovió la empresa ArcelorMittal México en su intento de archivar el emplazamiento a huelga, que más de 3 mil trabajadores de la Sección 271 del Sindicato Nacional Minero, mantienen desde hace casi un mes en las instalaciones de la siderúrgica, en el puerto de Lázaro Cárdenas.
El Jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana dio a conocer que esto implica que la huelga, que estalló el pasado 4 de junio, será revisada por un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, ya que el supuesto archivo del expediente “no es definitivo” y será revisado por una instancia superior.
Recientemente el sindicato minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, obtuvo una suspensión provisional de un juez federal que impide a ArcelorMittal México, terminar con el contrato colectivo de trabajo (CCT).
El sindicato minero insistió en que la empresa negocie “de manera decente y digna” para los trabajadores, acuerdo tomado en reciente asamblea de la Sección 271, a la que se dieron cita más de 2 mil trabajadores mineros, que categóricamente se rechazó el ofrecimiento que hizo la empresa de pagar 40 mil pesos en dos pagos, una en efectivo 20 pesos y 20 en vales de despensa.
Los mineros de la sección 271 desde el 24 de mayo decidieron colgar las banderas rojinegras en las instalaciones de la siderúrgica ubicada en este puerto de Michoacán, para exigir un pago justo de reparto de utilidades, luego de que señalaron que la empresa logró buenos rendimientos económicos en 2023.
Mientras los mineros exigen que se subsanen diversas violaciones al CCT, Arcelor Mittal insiste en que la huelga es ilegal y además intenta dar por terminado el CCT, lo que ha llevado a una lucha de poder ante los tribunales federales en materia laboral.