«Algo se debe hacer para que no se vaya un gobierno o alcalde sin liquidar sus adeudos, ya se volvió una tradición pésima, mala e irresponsable»
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA / Redacción
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria y la Construcción (AMIC), José Ángel Villarino Parra, señaló que debe reformarse la ley para terminar con la “herencia” de deudas en los municipios y estados. Pidió a la nueva Legislatura Local establecer un nuevo mecanismo de control o “candado” para evitar que la iniciativa privada siga financiando proyectos municipales.
«La iniciativa privada no puede seguir siendo financiadora de gobiernos irresponsables que consideran que, por mala administración, pueden dejar la deuda a proveedores de insumos y servicios a las siguientes administraciones. Algo deberá hacerse para que no se vaya un alcalde o gobernador sin liquidar sus adeudos o dejarlos 100 por ciento comprometidos para los primeros meses de las siguientes administraciones».
En su reunión con el Coordinador Parlamentario en el Congreso Local, José Ángel Villarino Parra, señaló que los nuevos gobiernos tampoco tienen la culpa de los compromisos excesivos de sus antecesores y malas administraciones. «Ya se volvió una tradición pésima, mala e irresponsable».
Aseguró que estarán muy atentos a las denuncias que surjan por malos manejos; sin embargo, la Asociación ya solicitó información de los municipios más endeudados de la entidad a través de transparencia. «Estamos procesando los resultados para brindar un informe puntual y público». Darán seguimiento a agenda legislativa.
Durante la reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria y la Construcción, recordó que han construido una agenda que permita recuperar la competitividad y crecimiento económico de la entidad, el cual ha caído lo mismo que la inversión extranjera directa. Su mayor interés, enfatizó, están en la mejora regulatoria e infraestructura para las zonas industriales y la seguridad.
«El año pasado se sentaron las bases para la eliminación del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) y la creación del Dictamen de Giro, toda vez que en su momento había trámites pendientes, algunas empresas decidieron no invertir o bien abrir de manera irregular, lo cual impacta en la formalidad y el PIB”.
La entidad, dijo, recauda poco más de 13 mil millones de pesos al año por Impuesto Sobre Nómina (ISN), el cual solo pagan algunas empresas y podrían servir para tener más incentivos. Además de destinar una parte del presupuesto para la rehabilitación integral de las zonas industriales donde las condiciones son deplorables.
También indicó que es urgente una Unidad de Atracción de Inversiones en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la cual necesita más fortaleza, y reiteró su interés de que el sector agropecuario sea considerado como actividad económica, lo mismo que en la creación del capítulo económico para la Constitución del Estado de Michoacán.
Otros temas de interés para la IP
El presidente de AMIC en Lázaro Cárdenas, pidió que la Ley de Desarrollo Urbano sea incluyente, resiliente e integral para evitar fracasos en algunas ciudades, los cuales están alejados de las empresas, presentan problemas de transporte y seguridad, propuso rediseñar el modelo de la seguridad pública y un mejor funcionamiento de los gobiernos municipales. Mientras que Villarino Parral, exhortó al Poder Legislativo que autorice más recursos en infraestructura para la ciudad de Lázaro Cárdenas.
Además, solicitó que se tome en cuenta al Colegio de Ingenieros Civiles, exhortó a la creación de la Ley de Obra Pública, ya que hoy se rigen por el Reglamento, «la idea es que regule todo lo relacionado con la obra pública y se tomen en cuenta las características de la región, urgió más apoyos a la mipyme, créditos y capacitación, ya que la pandemia «mató» a 2 de cada 10 comercios; así como se regulen las compras de gobierno, instó modificaciones a la reglamentación para el desarrollo de vivienda vertical y que las zonas donde se asienten existan todos los servicios y la eliminación de los trámites administrativos para agilizar la autorización de proyectos.