*Staspe reubica a su personal en otras dependencias del Poder Ejecutivo
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- El Ejecutivo Estatal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) trazaron ya la ruta para la reubicación de más de 400 empleados de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado que permanecen en la Fiscalía General del estado. Este inicio de marzo la Delegación Sindical Lázaro Cárdenas, recibió en sus oficinas a 12 secretaria mismas que estarán siendo reubicadas en otras áreas.
El Delegado Distrital del Sindical Álvaro Gerardo Partida Núñez, dijo que de acuerdo con el titular de este organismo autónomo, Adrián López Solís recordó que por ley solo pueden tener personal de confianza y la relación laboral es entre el Gobierno del Estado y el STASPE y si algunos quieren permanecer en la Fiscalía tendrían que solicitar licencia a su estatus de sindicalizados y concursar por una plaza.
Señaló que el recurso que se destinó todavía este año a la Fiscalía para cubrir sus salarios y prestaciones ronda los 170 millones de pesos, los cuales todavía fueron considerados en el presupuesto 2020, por lo que una vez que se retiren en su totalidad, ese recurso quedará para la Institución.
“Tengo entendido de que ya se les dio la indicación de buscar su reubicación, la mayoría lo está haciendo; no se trata de que nosotros no queramos al personal que durante años se han desempeñado en la institución, pero por una situación legal hoy ya no tienen las condiciones para seguirlo haciendo, si en un momento dado se diera la posibilidad de que alguno de ellos, luego de solicitar licencia a su posición sindical podríamos incorporarlo en condiciones de confianza”.
Mario Alberto García Herrera, Fiscal Regional de Lázaro Cárdenas, indicó que se hará lo necesario para sustituir ese personal en una condición de confianza, conforme al catálogo de puestos y salarios y tendrá la oportunidad de optimizar ese recurso, señaló que no es necesario sustituir al personal sindicalizado porque no se requiere personal administrativo ya que sus requerimientos son más de personal operativo para la función especializada de investigación y persecución del delito.