*La inclusión laboral de personas con discapacidad va más allá de lo económico, impactando en su bienestar emocional, mental y social.
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA / Redacción
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- La falta de cumplimiento de la cuota obligatoria del cinco por ciento de contratación para personas con discapacidad en el sector público fue señalada en el Parlamento con perspectiva de discapacidad en Michoacán, donde los participantes evidenciaron que la reforma aprobada en 2024 no se ha traducido en resultados medibles.
En Michoacán, la Iniciativa Privada (IP) enfrenta un gran reto en la inclusión laboral de personas con discapacidad, estimándose que apenas un 1.5% de las empresas cumple con contratarlas. Aunque existen leyes y normas que promueven su integración, muchas compañías aún operan con importantes brechas de cumplimiento
Hay que recordar que esta obligación deriva de la modificación al artículo 42 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante la cual la 75 Legislatura elevó del tres al cinco por ciento la contratación en los tres Poderes del Estado, ayuntamientos, organismos autónomos, descentralizados y empresas de participación estatal y municipal la 76 Legislatura actualmente no hecho nada por que se respete.
La reforma, impulsada bajo principios de igualdad y no discriminación, también estableció la obligación de que las instituciones incluyan recursos en sus presupuestos para garantizar su implementación, así como el impulso a esquemas de capacitación laboral, hasta hoy dia no existen datos públicos que permitan evaluar su cumplimiento.
“Está la ley, no se ha cumplido”, no hay un padrón oficial que informe cuántas personas con discapacidad laboran en el servicio público y en qué condiciones, lo que refleja la falta de seguimiento institucional, este cuestionamientos sobre la brecha entre legislación y realidad en materia de inclusión laboral hay mucho trecho de por medio.
Las intervenciones coincidieron en que, sin mecanismos de seguimiento, transparencia y ejecución, la cuota del cinco por ciento se mantiene como una disposición legal sin impacto tangible en la inclusión laboral en el estado y los municipios, en el sector público, dejando de lado a la iniciativa privada IP que también tiene un compromiso social con las personas con discapacidad.