*Desde hace un año no ha podido dar con el domicilio fiscal y traza negociaciones
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA
LÁZARO CÁRDENS, MICH.- Más de medio centenar de Ex trabajadores de la empresa Ingenieros Civiles Asociados ICA, que realizo trabajos en el puerto de Lázaro Cárdenas promovieron un juicio laboral por despido injustificado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que ha alargado el juicio del caso del conflicto laboral que sostienen desde hace casi dos años con ICA, empresa que fue retirada del proyecto de la Terminal II, entre otras irregularidades, les adeuda liquidaciones y los salarios caídos.
La demanda fue presentada hace dos años ante el juez de distrito en turno en materia de trabajo, en la Ciudad de Morelia, por parte de la Licenciada Isidra Saltos los quejosos, desde un principio manifestaron “que buscáramos llegar a un arreglo, se ha tenido comunicación con el representante de ICAMPRIM para hablar de alguna propuestas pero contesto que no le han autorizado.
En la fecha indicada para continuar la audiencia de conciliación, ante la imposibilidad de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no ha dado con el domicilio fiscal de la empresa para lo cual se tuvo que formar un comisión o comité de 5 personas para acompañar a la Licenciada, Isidra a finales de mes esto para ejercer presión ante la junta federal de conciliatoria, para que el funcionario de conciliación de la JFCA trate de que lleguen a un arreglo con la empresa para ver la posibilidad de alcanzar un arreglo con los trabajadores.
De acuerdo con las explicaciones de la Licenciada Isidra Saltos, la autoridad laboral responsable “no sólo viola los derechos laborales de los trabajadores”, sino que “va más allá, ya que viola los derechos humanos de las personas dependientes de dicho juicio, pues al no poder ejercer el dar con el domicilio para exigir el pago de la indemnización por liquidación y su salario caídos, se ven impedidos como jefes de familia a cumplir con las necesidades básicas de su familia en el orden material, social y cultural”.
Consideran también los ex obreros de ICA, que por lo tanto, la autoridad responsable “viola en perjuicio del trabajador y su familia los siguientes derechos humanos: a la educación; a la vivienda; a la salud y a la alimentación, toda vez que la responsable no toma en cuenta que el trabajador no ha cobrado su liquidación y salarios durante estos dos años, que éste no pueden abandonar los juicios porque incurriría en irresponsabilidades, y que el trabajador durante este tiempo y más los que se acumulen no podrá cumplir con su obligación de jefe de familia”.