*Un grave problema social que sigue dañando al estado y al país: AZR

POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA

LÁZARO CÁRENAS, MICH.-El Visitador Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Licenciado Agustín Zapién Ramírez, en entrevista en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, este 30 de agosto, dijo que la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Dio a conocer que la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación: el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;

El uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad, y expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzara a observarse en 2011.

En el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada el reclamo de México desde 2010, distintas organizaciones sociales y padres de desaparecidos han emprendido una «Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada», pero lograr que el caso de una persona no localizada se reconozca como desaparición forzada tampoco es fácil.

Recordemos que Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Cruz Sánchez fueron detenidos en 2007 en Oaxaca, por presuntamente ser integrantes del subversivo Ejército Popular Revolucionario (EPR). A sus familia y representantes legales les tomó 7 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara su búsqueda en instalaciones militares y que se citara a declarar a los mandos castrenses que estaban en funciones en la fecha de su arresto, así como la posible exhumación de cuerpos en áreas del Ejército.

Una encuesta presentada en 2017 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, destacó que ocho de cada 10 ciudadanos consideran que este es un problema que se presenta en todo el país; aunado a que 23% ha vivido de cerca ese delito. En el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se documentó la participación de distintas fuerzas del Estado

El 53% de los encuestados indicaron que la desaparición forzada en México es frecuente, pero los casos no se denuncian por temor. Para el 71%, las autoridades municipales como la Policia Michoacan, tienen «responsabilidad institucional» en la comisión del ilícito; el 67% responsabilizó a la policía; y el 35% a la Marina y al Ejército. También el 71% indicó que para atender el fenómeno, expertos de otros países deberían intervenir en las investigaciones.

«Garantizar el derecho a la verdad también significa conocer quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas, quiénes fueron los facilitadores y los beneficiarios, así como develar las políticas económicas, políticas y sociales que permitieron o fomentaron la política de desaparición forzada», demandó el Visitador Regional de la CEDH en este puerto de Lázaro Cárdenas.

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