*Agustín Zapien Ramírez Visitador de CEDH, demandó que la Fiscalía del Estado esclarezca la muerte del hombre de quien aún no hay información oficial, sobre las causas de su fallecimiento.
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- Luego de casi una quincena de haber hallado en una celda el cuerpo inerte de un interno en el penal de este puerto, el titular de la visitaduría regional de la CEDH, en este municipio de Lázaro Cárdenas que preside el Licenciado Agustín Zapien Ramírez, quien realiza las investigaciones y ver sino no hubo violaciones a su derechos humanos o negligencia para ser asistido medicamente al ahora fallecido quien purgaba condena en el Centro de Rehabilitación Social del Estado, aún sigue siendo un misterio su muerte.
El pasado 15 de agosto, Juan Antonio C, interno del penal costero, fue localizado sin vida por uno de los custodios mientras realizaba un rondín en el área de Alta Seguridad, por lo que la CEDH inició de oficio la integración del expediente de queja LAZ/226/2020 por violación al derecho a la vida, la seguridad e integridad personal; y solicitó el informe sobre los hechos a la autoridad del Cereso, a la Coordinador del Sistema Estatal Penitenciario y a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El Licenciado Agustín Zapien Ramírez, visitador regional de la Comisión de los Derechos Humanos en Lázaro Cárdenas, demandó que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado esclarezca la muerte de interno, un hombre que, según declaraciones del Ombudsman hasta el momento no hay información oficial sobre las causas de su muerte en el interior en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Este hecho, señaló Zapien Ramírez, pone de manifiesto la grave inseguridad que viven las personas privadas de libertad (PPL) en los centros penitenciarios de estado, “que no garantizan la vida de los ahí recluidos” mencionó que el reporte oficial detalló que se encontraba en una celda, donde se aloja a los internos que tienen problemas con otros y se supone que es un área de mayor seguridad, porque los PPL están en proceso de ser clasificados y de asignarles un dormitorio adecuado, donde no corran riesgo.
Sin embargo, esto al parecer esto no sucedió, «se le dejó vulnerable» y causa extrañeza lo acontecido al interno, dijo Agustín Zapien, y agregó, si se entiende que COC es el área de mayor seguridad, es necesario cuestionar ¿qué ocurrió entonces? consideró imprescindible la investigación forense para determinar la causa de muerte y conocer si “las pésimas instalaciones pudieron ocasionar su muerte”, lo cual implica valorar la responsabilidad del Centro de Reinserción.
Asimismo, la investigación serviría para determinar si la causa de muerte fue por alguna acción relacionada con tortura o tratos crueles, “pues tenemos antecedentes de prácticas en las que se moja a las personas y luego son sometidas a shocks eléctricos”, puntualizó que debido al control ejercido por el Estado sobre las personas privadas de libertad, existe una presunción general de su responsabilidad en tales casos, y también tiene la obligación de proporcionar toda la documentación pertinente a la familia de la víctima, incluidos el certificado de defunción, un informe médico e informes sobre la investigación realizada sobre las circunstancias de la muerte.
Por lo anterior, desde CEDH, “urgimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGJEM), a realizar una investigación profesional, exhaustiva, objetiva, imparcial y diligente para el esclarecimiento de los hechos”, además, solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a que prosiga con la queja de oficio, para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la protección del derecho humano a la verdad que tienen los familiares fallecido.
También invitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a realizar una valoración de las condiciones de vida y de seguridad en la que viven las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de Michoacán, externó su solidaridad para con la familia de interno fallecido y recordó que el miedo, la corrupción y la impunidad no tienen la última palabra, que tienen derecho a saber qué fue lo que realmente pasó, a obtener justicia, y a fin de cuentas, aunque no les devolverán la vida de su ser querido, tienen derecho a una reparación del daño por parte de los responsables materiales e intelectuales de esta muerte.