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Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de septiembre de 2020.
Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina por esta presentación, pero además saludar el que se esté cristalizando este Conversatorio impulsado desde “Menstruación Digna México” en un tema que, como bien decías, se tiene que retomar en el Congreso y que ahora, de manera muy acertada, lo han retomado desde esta organización.
Y cuando hablo de “retomar” es que es un tema que ya ha venido de alguna forma impulsándose en el Congreso de la Unión, pero como hemos visto, sin ningún éxito y yo en verdad espero que esta iniciativa, a partir de ahora, podamos armar una ruta que nos permita crear esta discusión en todos los espacios y por eso saludo las valiosas opiniones de quienes nos acompañaron en este Conversatorio.
Como hemos podido escuchar, es muy importante que pongamos -decíamos ya- este importante tema en el centro de la discusión porque, más allá del impacto presupuestal que estas iniciativas pudieran tener, lo importante es garantizar a las mujeres el derecho a la salud y una vida digna.
Como nos han señalado ya, son distintas, muchas luchas las que se han dado en otros países. La lucha feminista es la que ha estado al frente, ha impulsado medidas que normalicen la presencia de la menstruación dentro de las actividades sociales que desarrollan las mujeres y las niñas. Es decir, visibilizar la presencia femenina en todas sus especificidades.
Las acciones más comunes se han centrado en la relación de las condiciones -como aquí se mencionaba también- económicas de las mujeres, la desigualdad entre los salarios percibidos por los hombres, el sistema de cuidados y lo que también se ha llamado “impuesto rosa”, recaudado por los productos de higiene femenina, que no son considerados como productos de primera necesidad, sino de lujo en casi todos los países del mundo y eso es lo que estamos ahora discutiendo y que nos han ilustrado aquí quienes nos antecedieron en el uso de la palabra y a quien saludo, y además saludo también la manera tan didáctica por la que han transitado sus intervenciones, tanto de la magistrada Zulema como la abogada Graciela Pompa.
Y entonces, no se trata de disminuir un impuesto, sino que se trata de que las mujeres, el 50 por ciento de la población mexicana, esté presente en cada espacio de la vida pública, el cual debe llenar también sus necesidades particulares y, en esto hemos realizado algunos avances en las zonas urbanas.
Sin embargo, en las zonas rurales, en las más alejadas, las que a menudo tienen mayores carencias y se encuentran en situación de pobreza o de pobreza extrema, es en donde las mujeres tienen mayores dificultades no sólo para no sufrir la exclusión por la menstruación, sino que experimentan actitudes de estigmatización que las conducen a rechazar su propia condición de mujeres.
Es por ello que necesitamos actuar cada vez con mayor celeridad y firmeza, porque en nuestro país esto se torna doblemente difícil cuando enfrentamos la propia invisibilización que tenemos desde ahora, cuando no somos nombradas, en este contexto de polarización en el que nos encontramos, que desde el Ejecutivo no nos visibilizan y a pesar del discurso, por ejemplo, paritario, no se realizan las acciones decididas a favor de las mujeres.
Muy por el contrario, una de las primeras acciones que se tuvo en este gobierno, por ejemplo, fue la desaparición de las estancias infantiles para hijos de madres y padres trabajadores, lo cual tuvo un impacto inmediato en la atención infantil pero que, en términos de la participación de las mujeres en la vida laboral, el daño será mayor, aunque todavía no se encuentra cuantificado, y ahí es cuando hablamos de que no debemos permitir ningún recorte, pero, bueno.
También hemos insistido en la necesidad de que todas las escuelas, urbanas y rurales, incluyendo las de las comunidades más excluidas, cuenten con dispensadores gratuitos de toallas femeninas que les permitan a las adolescentes y a las mujeres acceder a estos productos y garantizar, con ello, su derecho a la educación, porque en muchas ocasiones, al no tenerlos, las niñas, las adolescentes, prefieren no asistir a clases durante los días que tienen su período menstrual.
En este contexto también es que, desde hace ya poco más de un año, hemos venido insistiendo también, como aquí se ha mencionado, en la necesidad de que los productos sanitarios para la menstruación gocen de tasa cero en el gravamen del Impuesto al Valor Agregado, propuesta que ha sido sistemáticamente ignorada por la mayoría debido a que su impacto presupuestal, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se calcula alrededor de unos 3 mil millones de pesos anuales, impuesto que pagamos únicamente las mujeres, que no es un impuesto al producto y que, en aras de arribar a la igualdad debe suprimirse, también como aquí se ha mencionado.
Y si hace ya año y medio que fueron presentadas estas iniciativas, esto ya representaba una necesidad, en tiempos de pandemia ésta se hizo imperante.
En este sentido, de manera reiterada hemos exigido que las políticas implementadas en épocas de la crisis sanitaria fueran también, como aquí se mencionaba acertadamente, diseñadas con perspectiva de género. Sin embargo, no han sido consideradas ni siquiera las necesidades particulares de las mujeres.
La situación de muchas mujeres imponía ya desde antes condiciones de desigualdad. Sin embargo, la brecha se recrudeció con las medidas sanitarias impuestas por la COVID-19 de manera alarmante porque frecuentemente las mujeres, además de afrontar una cultura paternalista que las obliga a guardar silencio respecto a sus propias necesidades –las cuales pasan a tercer, cuarto o último término—, se enfrentaron a la falta de insumos, generando una vulnerabilidad adicional a las que ya se acarreaban.
Quienes hoy nos encontramos aquí, debemos sin lugar a dudas ser portavoces de las mujeres y las niñas que, en la situación de pandemia sufrieron y sufren no sólo malas condiciones de higiene y la falta de los productos higiénicos necesarios, sino la estigmatización asociada a la menstruación.
Entonces es indispensable estar conscientes de que ésta no es una situación aislada, sino que se ha presentado en prácticamente -ya aquí hemos dicho- en países de todo el mundo, inclusive los países latinoamericanos.
Una preocupación que tenemos tiene que ver también con el cuidado al medio ambiente y en ese sentido, les comentamos, hoy acompañamos la propuesta que fue presentada por la diputada Martha Tagle, pero también hemos presentado la propuesta que ya en otras ocasiones lo habíamos hecho y que había sido ignorada, hoy nos estamos sumando también con esta iniciativa y también en uno de los apartados comentamos y que no podemos ser omisos de que también las toallas femeninas y tampones causan, al igual que los pañales desechables, ya que sabemos que su tiempo de degradación es de 500 años, es que también tienen un impacto en el medio ambiente, por lo que nos parece también indispensable establecer la obligación a las autoridades para generar también condiciones recaudatorias que favorezcan y privilegien el uso de productos sanitarios biodegradables, no desechables y reutilizables.
Pareciera que lo queremos todo, pero pues sí: lo queremos todo y a eso tenemos derecho las mujeres y las niñas.
Por eso, estamos convencidas de que la buena salud e higiene menstrual para todas las mujeres y niñas no sólo constituye un derecho fundamental, sino que este gravamen constituye un impuesto -y lo decíamos hoy desde la tribuna- un impuesto que pagamos las mujeres por ser mujeres y esto favorece la desigualdad e incrementa las brechas económicas entre mujeres y hombres.
Bueno, yo aquí concluyo y esperando y comprometiéndome además a que podamos establecer una ruta crítica de trabajo para que en la discusión que vamos a tener en la Cámara de Diputados, en el marco del Presupuesto, podamos hacer todo lo necesario, un gran movimiento, que permita finalmente garantizar este derecho que tenemos las mujeres.