*Representados por el Licenciado Ulises Leñero García, exigen liberar la concesión en tierras que no trabaja la empresa y que representa pérdida para el campesino el no poder trabajar aun cuando están en su propiedad.
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- Un grupo de ejidatarios y pequeños propietarios de Michoacán y del vecino estado de Guerrero, en la lucha por el proyecto de la reactivación de la Minería en México, este viernes 20 de Noviembre día de la conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana, se plantaran en el principal acceso de la empresa ArcelorMittal México, e iniciar las primeras pláticas a efecto de que permitan a los campesinos explotar sus tierras que tienen mineral.
El Licenciado Ulises Leñero García, externó, que de no acceder la empresa Arcelormittal México a la suscripción de contratos y convenios con los Ejidatarios y propietarios de los frentes de extracción de Hierro, entonces. Nos encontramos ante una Controversia Constitucional, pues hay derechos a salvo y asistidos por la Carta Magna en favor de.
1.- los solicitantes de las extracciones mineras
2.- Los H Ayuntamientos donde se localizan las extracciones Miberas Ferreas.
3.- los Estados de Guerrero y Michoacán. Pues tiene la soberanía sobre dichos yacimientos.
4.- La Federación. Pues Los Minerales Son Propiedad de La Nación.
5.- Los Concesionarios de Arcelormittal.. Quienes son los beneficiarios directos… Pero actualmente no las explotan. Pues les llaman Reservas y cotizan en la bolsa de valores. Del mismo modo se encuentran, Altos Hornos de México S.A y sus filiales así como también La Minera Termium…. Aclaró y Exigió el Licenciado Ulises Leñero. Que van por todo. Pues se quiere impulsar la Minería en Todo el País. Respetando el Entorno Ecológico.
La visión de una nueva rectoría del Estado en materia de explotación minera requiere del reconocimiento de los derechos inherentes de comunidades indígenas, bienes comunales, tierras ejidales, donde yacen recursos minerales con valor económico, donde su explotación, debe partir de un criterio de sustentabilidad ambiental y de responsabilidad social, ahí recae parte de la responsabilidad del legislador frente al interés público por eso hacemos un llamado a los Senadores.
Existe un marco normativo que establece los lineamientos legales para el sector minero en México, compuesto de manera principal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 27, reconoce que las tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, misma que tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada. Asimismo, también dispone que le corresponda el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos dentro del territorio nacional. El uso y la explotación de dichos recursos naturales por entes privados se realizarán por medio de concesiones otorgadas por el Poder Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Economía.
La explotación minera en México tiene sus antecedentes desde la época prehispánica, Sin embargo fue hasta la época colonial en donde cobra mayor importancia la extracción de recursos minerales y surgen entonces las primeras regulaciones a la actividad minera. La primera ley de minas fue creada el 9 de diciembre de 1526, llamada “La Real Cédula” cuyo propósito administrativo fue el de solicitar permiso al gobernador para explotar nuevos yacimientos mineros y la autoridad de la corona al proporcionar las concesiones.
Para 1880 a 1910 la minería se reestructura y moderniza por la entrada de inversión extranjera principalmente norteamericana. Llegada la década de 1990, se establece una reforma constitucional al artículo 27, dicha reforma se reafirma que la propiedad de las tierras pertenece a la Nación y es la Nación misma la que dicta a la propiedad privada las modalidades que a ella convenga. La Nación regula las actividades mineras a favor del beneficio social con el fin de realizar una distribución justa de la riqueza pública mejorando las condiciones de vida rural y urbana.