*Gobierno, patrón y trabajadores buscan definir un nuevo sistema tras 40 años sin cambios, la trasnacional argumenta fuertes derogaciones a un año de la pandemia para cubrir la ayuda social.
POR Baltazar SÁNCHEZ HUERTA / Redacción
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) se convierte en la discusión de mayor trascendencia entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros en materia laboral, no sólo porque podría modificar la iniciativa de ley sobre subcontratación (outsourcing-insourcing), sino porque después de cuatro décadas se ajustará una obligación patronal a las condiciones de mercado.
Lo anterior, debido a que, entre el gobierno federal, el sector patronal y los sindicatos como representantes de los trabajadores firmaron un Acuerdo el pasado 9 de diciembre para abrir la discusión y definir “un sistema de reparto de utilidades justo”, hoy se hayan entrampadas las negociaciones entre el Sindicato de Mineros, y la siderúrgica local, que año con año negocian una jugosa ayuda social para cada uno de los obreros y hoy la escusa son los gastos que ha realizado durante la pandemia.
Con la representación tripartita para discutir el porcentaje que se debía otorgar a los obreros como utilidades, debió darse una profunda discusión y no dejar en 10% el porcentaje, mismo que ya se tenía” el proceso para fijar el nuevo porcentaje del pago de PTU empezó en agosto de 2019 y concluyó en septiembre de 2020.
Se realiza por ley una revisión cada 10 años y se hace una Convocatoria para que los sectores obrero y patronal elijan quién los representará en la revisión, y es el gobierno quien debe convocar a revisar este tipo de prestaciones que se otorgan a los trabajadores.
“No es tan sencillo empezar una nueva discusión sobre el tope de las utilidades, el PTU quedó disuelto desde el 9 de septiembre. La están resucitando fuera del marco legal”, las Utilidades de las Empresas, “pero ahí existe el problema de legalidad porque ya es un derecho adquirido por los trabajadores y se estaría revocando, lo cual resultaría violatorio de derechos humanos laborales”.